SERVICIO CATÓLICO
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En defensa de la objeción de conciencia

 

 

                              

 

 

Ahora que en España, y en otros países llamados avanzados y progresistas, se está negando el derecho a la objeción de conciencia, vale la pena recordar de qué estamos hablando cuando permitimos a alguien que se deje llevar por su conciencia, aun contradiciendo lo que dice la ley. No voy a entrar en las razones profundas del derecho a la objeción de conciencia, porque suponen alguna concepción de la antropología que no tiene por qué ser compartida por todos. Me interesan argumentos más, digamos, “utilitaristas”: a todos nos conviene que ese derecho sea reconocido.

Todos tenemos preferencias, gustos, cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. La ley no puede condicionarse a gustos, porque esto conduciría al caos. No puede, no debe haber derecho a la objeción por gustos o preferencias. Pero la conciencia es otra cosa: se ocupa de lo que los ciudadanos, o al menos algunos ciudadanos, consideran que es malo, claramente malo, en cualquier circunstancia, como torturar a un inocente, matar a un no nacido o causar la muerte de una persona aplicándole una pena o en una guerra.

El origen de ese derecho hay que buscarlo en lo más profundo del proceso por el que decidimos colectivamente con qué estándares y reglas vamos a regirnos en nuestra vida social. Los desacuerdos serán siempre muchos, y necesitamos un proceso por el que nos pongamos de acuerdo sobre lo que haremos o dejaremos de hacer en cada caso, por encima de nuestras preferencias. Y sobre todo cuando hablamos de cosas tan fundamentales como qué es una persona (y cuándo “algo” es una persona o deja de serlo): son desacuerdos sobre lo que es verdad o no lo es.

En una democracia no podremos nunca estar de acuerdo sobre esas discrepancias, pero al menos hemos de reconocer que son importantes. Por ejemplo, un pacifista o un contrario a la pena de muerte considerará que nunca, bajo ninguna razón, se puede dar muerte voluntariamente a una persona. Los que gobiernan y los que manejan la opinión pública pueden tener el deseo de hacer callar a esas personas, pero no deben hacerlo si hay alguna razón para pensar que pueden tener razón. La objeción de conciencia es una manera de permitir que, en asuntos realmente importantes, una persona puede estar aportando un argumento relevante para la sociedad. De hecho, tenemos ya evidencias de cambios de actitudes sociales como consecuencia de la acción decidida de una minoría, a la que el derecho de objeción de conciencia permitió oponerse a una mayoría, por ejemplo en el caso de la esclavitud. Si a los antiesclavistas les hubiesen hecho callar, quizás seguiríamos maltratando a otros seres humanos.

John Stuart Mill afirmó hace más de 150 años que “todo intento de hacer callar a otro en una discusión implica un supuesto de infalibilidad”. Es curioso que hoy en día se niega esa infalibilidad a posturas basadas en la religión, pero se sostiene en muchas discusiones políticas. Y, desde otro punto de vista, imponer a alguien una conducta contraria a su conciencia implica quitarle la responsabilidad por sus acciones. Pero esa responsabilidad está en la base de nuestra democracia. Y otra razón más: si el objetivo es que todos acaten la voluntad de la mayoría, estamos abriendo la puerta a la tiranía.

 

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