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Responsabilidad ciudadana

“Responsabilidad ciudadana”
por Pedro Paricio Aucejo


En momentos en que urge buscar soluciones a graves problemas sociales resulta patético el modo de proceder de algunos gobernantes, que, además de haber provocado el marasmo actual, niegan todo sin responder de nada. Pero este penoso espectáculo político se transforma en insoportable irritación cuando los palmeros de turno –en lugar de esconderse bajo tierra– jalean con loas las desvergonzadas conductas de sus cabecillas. En ese instante, puede que a quienes contemplamos el cotarro nos suceda lo de aquella esposa –viuda de un hombre irresponsable y de inveterado mal comportamiento familiar– que, al celebrarse el funeral de su marido, tuvo que soportar el injusto panegírico de un pariente lejano. Al oír la viuda que éste, muy ufano, exaltaba el carácter modélico del difunto como esposo y padre, cogiendo de la mano a su pequeño se acercó a su oído y le dijo: “Vámonos, hijo, que nos hemos equivocado de entierro”.

Esta es la actitud que hay que evitar en la sociedad española, pues si bien la historia de la política puede desgajarse metodológicamente en la crónica de los gobernantes y la de los gobernados, fácticamente no se debe producir –en un régimen democrático– la desvinculación de unos y otros. Aun siendo las instituciones y quienes las administran actores prominentes de la esfera pública, el éxito de un país depende del grado de responsabilidad de dirigentes y dirigidos.

Conviene recordar que, en su literalidad, la responsabilidad es la capacidad de dar respuesta adecuada a la vida: se trata de afrontarla haciéndose cargo de ella. Tal disposición tiene su hontanar más profundo en la intimidad de la persona: cada vez que la existencia nos prueba, surge el enfrentamiento desnudo con la propia conciencia individual, el encuentro con aquella realidad insoslayable que nos lleva a hacer algo como si fuera la única vez de que dispusiéramos para hacerlo. Ello supone que, si se elude la propia responsabilidad, no solo se produce el abandono de nosotros mismos, sino que se abandona también a los demás y, con el paso del tiempo, estos nos abandonan a su vez. Más aún, el olvido de la responsabilidad personal arrastra la búsqueda sin fin de culpabilidades ajenas hasta laminar el decoro de todos.

Aunque hablar de responsabilidad no conlleva siempre hacerlo de una exigencia de heroicidad, sí supone, en todo caso, tratar del elemental sentido de una dignidad que obliga a cada cual a no decepcionar a quien puso en él su confianza. Y por si ello fuera poco, este compromiso llega a su máxima expresión cuando se hace depender del sentido sobrenatural que tiene la existencia, de modo que la perspectiva de la responsabilidad humana se clarifica por el fulgor de la responsabilidad divina.Si, por desear el bien de la humanidad, Dios se sintió responsable de ella (asumiendo  como propia en su corazón, para transformarla, toda la miseria humana que de suyo le era ajena), también el hombre ha de seguir el proceder divino, desempeñando su responsabilidad –como recuerda el Papa Francisco– desde una misericordia que custodie la correcta continuidad de la historia para todos. Por ello, dejando actuar convenientemente a la responsabilidad, ésta muestra –sin disfraces, sucedáneos o aditamentos– la verdadera finalidad de la vida.

Pero, por estar anclada la responsabilidad en el tuétano de la condición humana, a nadie se excluye de ella, de manera que, cuando hablamos de un país, la responsabilidad histórica no es solo del que ocupa un puesto de gobierno, sino –aunque en diferente medida– de la totalidad de la sociedad.Más aún, los problemas del mundo actual no pueden ser abordados sólo desde la capacidad de acción de los poderes públicos. Es necesaria una ciudadanía que, canalizando su natural sociabilidad, participe en las distintas dimensiones que constituyen la realidad social e, involucrándose cotidianamente, juegue un papel activo en las responsabilidades públicas. Nada se transforma ni se conserva en la vida pública si no cambia o se reafirma también el carácter de sus participantes.

Por si esto fuera poco, en un Estado democrático conviene alcanzar el mayor número posible de garantías para la participación ciudadana: al basarse aquel no solo en un sistema de gobierno en consonancia sino también en una forma de vida que refuerza la dignidad humana, gobernantes y gobernados –¡todos vamos en el mismo barco!– deben convertirse en condición de una democratización recíproca y alcanzar así la adecuada organización de la natural convivencia humana, objetivo fundamental de la actividad política.

En varias comunidades autónomas y muchos municipios de España, la relevancia de la sociedad civil organizada se ha puesto de manifiesto ya en algunas formaciones políticas que –con ocasión de las últimas elecciones municipales y autonómicas– han emergido al primer plano del poder. Tras décadas de continuada resistencia civil en el activismo de sus terminales del tejido sindical, educativo, cultural,  vecinal…, lograron vertebrar un vigoroso entramado social sobre el que sustentarse y, llegado el momento oportuno, conseguir la responsabilidad de gobernar. Ahora se da la coyuntura histórica propicia para extender esa vertebración ciudadana a todo el espectro social. Sin este orgánico armazón cívico, no hay poder político sólido, ni auténtica democracia, ni sociedad plenamente concertada.

 
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